Bajar los impuestos. Ésa es una de las medidas que los liberales promueven para que el país vaya bien. La defienden explicando una especie de cadena causa-efecto que dice algo así como que, si se bajan los impuestos, los empresarios invertirán con mayor asiduidad en España, lo que creará más puestos de trabajo entre la población. Al haber mayor número de población dentro del mercado laboral, mayor número de gente cotizará a la Seguridad Social y pagará impuestos, con lo que los fondos públicos aumentarán de manera considerable junto con el sistema de pensiones y demás prestaciones sociales. Además, con el aumento de fondos públicos, podrá mejorarse la calidad de los servicios públicos (sanidad, educación, transporte,...), y los ciudadanos gozarán de una vida digna de llevar.
Hasta aquí, me es difícil no estar de acuerdo con los liberales, pues esta cadena parece lógica y factible. El problema es la idea en la que esa cadena causa-efecto está basada: se contempla la inversión del empresario en España como un objetivo, ya que si no invierte, no hay trabajo; si no hay trabajo, no hay impuestos; si no hay impuestos, no hay fondos públicos; si no hay fondos públicos, no hay servicios públicos de calidad; y si no hay servicios públicos de calidad, la vida de los ciudadanos será desdichada. En definitiva, dependemos (los trabajadores directamente y los ciudadanos en general indirectamente) de los empresarios para vivir bien, y pienso que éso es lo que hay que corregir. Los trabajadores no deben depender de los empresarios, una persona no debe depender de otra exactamente igual, humanamente hablando. La existencia de una situación de dependencia del empresario por parte del trabajador lleva a un cierto control de la vida de éste por parte de aquél, la vida del trabajador es controlada por el empresario. Éso es lo que está mal y hay que corregir.
Además, la cadena antes mencionada también encuentra una contradicción: Aunque hubiera mucha gente dentro del mercado laboral, recaudándose así muchos impuestos, recordemos que los impuestos se habrían bajado, con lo que los fondos públicos no aumentarían de manera tan considerable y tampoco la calidad de los servicios públicos. Así, los ciudadanos no gozarían de una vida tan digna de llevar. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que la gente pudiera disfrutar de unos servicios públicos en condiciones y, en definitiva, de una vida digna? Habría que subir los impuestos, ¡pero ojo!, ¡a los empresarios no!, que entonces dejan de invertir, deslocalizan, y se llevan a otra parte sus centros de producción con los puestos de trabajo incluidos. Habría que subírselos sólo a los trabajadores, pero así se llegaría a una gran contradicción: Los empresarios pagarían pocos impuestos y los trabajadores muchos, es decir, los ricos pagarían poco y los pobres pagarían mucho. ¿Es eso lo que queremos? Obviamente no. Entonces, ¿cómo hacemos para que tanto los trabajadores como los empresarios paguen pocos impuestos, pero la sociedad disfrute de unos servicios públicos en condiciones?, porque, con pocos impuestos, los fondos públicos serán insuficientes, se necesitará más dinero, y alguien tiene que ponerlo. ¿Y quién lo pone? ¡Los empresarios! De nuevo volvemos a depender de los empresarios (esta vez sólo como ciudadanos). Pero claro, los empresarios no son hermanitas de la caridad, no van a poner dinero de su bolsillo en un servicio público para no obtener beneficios a cambio. ¿Y de dónde sacan esos beneficios? Pues del dinero público empleado para financiar el servicio en cuestión. Los impuestos pagados por todos los contribuyentes, por todos los ciudadanos, van a parar al bolsillo del empresario. En vez de pagar todos los ciudadanos a los fondos públicos, obteniéndose beneficio público que puede ser empleado en nuevos proyectos de carácter público (dinero público para proyectos públicos); pagamos todos los ciudadanos a un empresario que obtiene beneficio privado que será empleado en otros proyectos de carácter privado donde la relación de dependencia y control del trabajador por parte del empresario volverá a tener lugar (dinero público para proyectos privados).
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